Galicia impondrá multas de hasta 15.000 euros por agredir a un profesor

La Xunta de Galicia prepara una reforma de la normativa de convivencia en los centros educativos que permitirá imponer multas de hasta 15.000 euros por las infracciones más graves relacionadas con agresiones y amenazas a profesores. El nuevo régimen sancionador también afectará a los progenitores y representantes legales del alumnado y establecerá medidas adicionales para proteger al personal docente.

La modificación se incorporará a la ley de medidas que acompañará a los Presupuestos de Galicia para 2027. Entre las principales novedades figura la creación de una clasificación de las infracciones en tres niveles —leves, graves y muy graves—, frente a los dos existentes hasta ahora, así como la actualización de las conductas que pueden ser objeto de sanción.

Multas de 300 a 15.000 euros por las infracciones más graves

El nuevo régimen sancionador contempla multas económicas de entre 300 y 15.000 euros, en función de la gravedad de los hechos. Las sanciones administrativas serán compatibles con las posibles responsabilidades civiles y penales que puedan derivarse de una agresión u otra conducta ilícita.

La reforma pretende reforzar la protección del profesorado ante situaciones que se produzcan tanto dentro de los centros educativos como a través de las redes sociales. Entre las conductas contempladas figuran las agresiones físicas, los actos violentos, las amenazas, las coacciones y las situaciones graves de discriminación, vejación o humillación.

También se incorporan expresamente las manifestaciones graves de odio, la violencia de género y sexual, el acoso escolar y el ciberacoso.

Además de las multas, la normativa permitirá adoptar medidas provisionales de protección mientras se tramita el procedimiento sancionador. Entre ellas se encuentran la limitación temporal del acceso al centro educativo, la restricción de la participación en determinadas actividades escolares y otras actuaciones destinadas a proteger al profesorado.

Una nueva Oficina de Apoyo al Profesorado en Galicia

La reforma prevé la creación de una Oficina de Apoio ao Profesorado, un servicio destinado a ofrecer asesoramiento y acompañamiento a los docentes que sufran agresiones, amenazas, acoso u otras situaciones de violencia relacionadas con su actividad profesional.

Entre sus funciones estarán la orientación jurídica, el acompañamiento durante los procedimientos de denuncia y el acceso a apoyo psicológico cuando resulte necesario.

La oficina también atenderá situaciones en las que los ataques procedan de familiares o representantes legales de los estudiantes, incluidas las conductas que se produzcan mediante las redes sociales.

Con esta medida, la Xunta pretende establecer un mecanismo específico de protección administrativa para el personal docente, complementario a las actuaciones de los propios centros y a las posibles vías judiciales.

Expulsión y cambio de centro para los alumnos que cometan infracciones muy graves

La reforma de la convivencia escolar también introduce cambios en las medidas que pueden aplicarse al alumnado. Las consecuencias dependerán de la gravedad de la infracción y podrán incluir la suspensión temporal de asistencia al centro, el cambio de grupo y, en los supuestos más graves, la expulsión.

En los casos de acoso escolar y ciberacoso, la normativa contempla con carácter general el cambio de centro para los estudiantes que cursen enseñanzas obligatorias. En otras etapas educativas podrá aplicarse la pérdida del derecho a continuar escolarizado en el mismo centro.

La modificación abre, además, la posibilidad de que determinadas medidas de expulsión tengan carácter permanente, de modo que el alumno sancionado no pueda regresar al centro en el que se produjeron los hechos.

El nuevo marco también busca reforzar la responsabilidad del alumnado, incorporando medidas orientadas a que los estudiantes asuman las consecuencias de sus actos y reparen el daño causado.

El acoso escolar y el uso de inteligencia artificial también estarán regulados

Uno de los aspectos de la actualización normativa es la incorporación de nuevas formas de violencia digital. La regulación contempla la grabación, publicación o difusión de contenidos que vulneren gravemente el honor, la dignidad, la intimidad o la propia imagen de otras personas.

También se incluyen los contenidos creados o manipulados mediante inteligencia artificial cuando lesionen esos derechos. Esta previsión permitirá abordar situaciones como la elaboración y difusión de imágenes falsas que afecten a miembros de la comunidad educativa.

La reforma refuerza, asimismo, la respuesta ante el ciberacoso y las conductas discriminatorias, además de contemplar la responsabilidad del alumnado a la hora de comunicar al centro este tipo de situaciones.

Qué opinan los sindicatos educativos sobre la reforma

Las organizaciones sindicales del sector educativo han recibido el anuncio con distintas valoraciones. CSIF, ANPE, CC.OO. y UGT han mostrado su disposición favorable a reforzar la protección del profesorado, aunque han reclamado información detallada sobre el contenido de la norma y garantías para que las medidas se apliquen de forma efectiva.

CIG-Ensino ha cuestionado la eficacia de las multas y de los cambios de centro como respuesta a los conflictos escolares. Entre sus objeciones figura la dificultad de aplicar traslados en localidades pequeñas donde existen pocas alternativas educativas.

Las organizaciones sindicales también han planteado la necesidad de abordar la reforma mediante los correspondientes espacios de negociación con la Administración educativa.

La nueva normativa se suma a otras medidas de convivencia escolar

El cambio legislativo se integrará en el conjunto de iniciativas de la Xunta para prevenir los conflictos en las aulas y mejorar la convivencia en los centros gallegos.

Entre las actuaciones existentes figuran el plan integral contra el acoso y el ciberacoso escolar, la prohibición del uso de teléfonos móviles en los recintos educativos, los Puntos Naranja y las herramientas destinadas a detectar situaciones de intimidación entre estudiantes.

Según los datos de las encuestas periódicas de la Xunta citados en la presentación de la reforma, el 88 % de las personas encuestadas considera que los conflictos de importancia no existen o se producen únicamente de forma puntual.

La actualización de la normativa busca adaptar las medidas disciplinarias a nuevas formas de conflictividad, reforzar la protección del profesorado y establecer consecuencias específicas para las conductas más graves. Su desarrollo definitivo dependerá de la tramitación legislativa prevista junto a los Presupuestos gallegos para 2027.